Noviembre 29, 2022
DECLARACIÓN PÚBLICA
A fines de octubre de 2022, la American Psychiatric Association – APA, envió una carta a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a raíz de la respuesta del gobierno de Irán a las protestas iniciadas tras el asesinato de Mahsa Amini a manos de la policía moral, en septiembre de este año. En la carta se señala que actualmente en Irán se están violando los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, utilizando la práctica psiquiátrica como mecanismo de opresión y violencia institucional. En este contexto, hemos sido invitados a plantear nuestra opinión al respecto.
Según indica la APA, niños y niñas y adolescentes iraníes en edad escolar están siendo objeto de detenciones en instituciones de salud mental con el objetivo de reformar su comportamiento “antisocial”, mientras que el ministro de Educación iraní habría confirmado que un número indeterminado de estudiantes habría sido llevado a instituciones psiquiátricas para “reformar y reeducarlos” para “prevenir el comportamiento antisocial”, y que serán “devueltos a sus entornos educativos una vez que los expertos hayan hecho su trabajo”. Esta organización, que representa a 37 mil psiquiatras alrededor del mundo, señala que esta situación constituye una violación grave a los derechos humanos, un abuso y un mal uso de la psiquiatría, que puede tener consecuencias de largo plazo a nivel de la salud mental de esos niños, niñas y adolescentes.
Ante esta situación, el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, y el Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental y de Adolescentes y Jóvenes, Imhay, declaramos que:
Adherimos a la declaración de la American Psychiatric Association, que señala: 1) su oposición al uso de infraestructura destinada al tratamiento psiquiátrico para la detención de personas debido a su disenso político, religioso o ideológico; 2) que el abuso o mal uso de la psiquiatría ocurre cuando el conocimiento psiquiátrico, la evaluación o la práctica es utilizada para los objetivos políticos, organizacionales, sociales o personales sin resguardo de las necesidades de las personas y las consecuencias para ellas y ellos; 3) que la encarcelación injusta, así como el castigo cruel e inusual, tienen consecuencias psiquiátricas en las víctimas y sus familias. La negación o encubrimiento de la violación de los derechos humanos por gobiernos e instituciones es antiético con la preservación de la salud mental de las víctimas y sus familias.
Esta práctica empleada como un mecanismo de opresión y violencia en contra de ciudadanos y ciudadanas es inaceptable en cualquier contexto sociopolítico y no debe ser avalada por ninguna institución u organización cuyo interés principal sea contribuir al bienestar de la población.
